¿heteronomia fiscal?, ¿autarquía teocrática?
El pillaje fiscal se impone.
Someros efectos del acuerdo de financiación PSOE -CIU
Es menester darle al coco y esquivar con virtud confuciana, kelseniana y musgraviana los carámbanos desprendidos por el conjuro de esta IIIª glaciación política, jurídica y económica española cuando el peso de la realidad caiga sobre nosotros con todo el peso del fracaso político de la primera generación pura de políticos profesionales. El deshielo acabará dando lugar al "keynesianismo séptico" que nos inundará la despensa y la moral pretendiendo planificar centralizadamente hasta el consumo de butifarra.
En vereda ...
Preliminar.
Tras la alucinación de masas provocada por el Estatut, auténtico ejercicio de druidismo psicotrópico sobre los conceptos nación, institución y administración pública y sus comas hepáticos y poemarios, el trinque fiscal y presupuestario se impone en términos políticos a cualquier otra motivación estructural o criterio científico de determinación de los ámbitos de responsabilidad de las Administraciones territoriales. La demagogia falsamente técnica de las "balanzas fiscales" no ha conseguido imponerse, pero "el más de lo mismo" mediante la cesión de impuestos, sistema vigente desde 1981, no podrá solventar por mucho tiempo la bestia insaciable de la demagogia económica del nacionalismo hasta el punto que el fifty-fifty que nos presenta el Sr. Solbes producirá las mismas o peores distorsiones que el sistema Montoro, con la salvedad que las barbaridades económicas que realicen en Catalaña a la sombra de su Estatuto acabarán siendo asumidas por el conjunto del sistema financiero y tributario español. Y es que podemos atender a la recaudación última que recaudada por tal o cual cómputo o regla de territorialización que no acaba en un Presupuesto de una entidad pública radicada en Cataluña, y llamarlo "déficit fiscal", o "memez integral", pero a efectos económicos debemos atender también a la balanza de ingresos y pagos a la Seguridad Social y compromisos de pago de pensiones, a la balanza comercial, a la balanza financiera y de inversiones del sector privado, a la balanza de los costes de la educación, de sanidad, universidades y atención social, y sobre todo y ante todo a la Deuda pública, o en nivel de participación o beneficio de los fondos europeos, de cohesión, feogas etc. ¿Qué hay de estas "balanzas" en los mundos de Solbes y de Castells?. ¿Existe la economia más allá del Presupuesto para estos tipos?, ¿son capaces de generar empleo y productividad sin tirar del gasto público?, ¿creen en las decisiones de los consumidores y empresarios o simplemente creen en la ignorancia del votante?.
Título I.
Podemos decirle al Mundo entero que la Administración General del Estado español, o el residuo institucional superviviente, desiste de ejercer sus funciones constitucionales; huye de arbitrar un equilibrio de la posición jurídico-administrativa entre las autonomías en el ordenamiento, y de atender sincrónicamente a su voz y necesidades en foros multilaterales; renuncia la armonía institucional interautonómica en términos de competencia y financiación, y acepta un modelo financiero y económico heteronómico que rompe o desgaja un agente público de la LOFCA, o crea todo este sistema a su talla y lo enmienda desde un Estatuto introduciendo criterios encubiertos de bilateralidad. Se niega a fijar una lógica unitaria en los procesos de descentralización que principien la instrumentalidad y equidad de los recursos de semejantes entidades, y concede privilegios políticos pagaderos por el contribuyente a las facciones territoriales (ese impuesto llamado deuda histórica, o aquel otro del pillaje presupuestario por el enanismo parlamentario) ... que tratará de imponer con el rodillo nacionalista su modelo de supremacía política, inspirado en el particularismo y el privilegio político, mientras desiste de consolidar sus funciones y responsabilidades constitucionales como AGE sobre políticas sociales o sobre el capital humano, o haciéndolo profundiza más aún en sus fallas (educación, justicia, extranjería, sanidad, migraciones, asuntos sociales, trabajo ...) incluso desiste de la protección jurídica del ciudadano y de guarnecer las libertades, verbigracia: ante la persecución del castellano, ante la censura y represión a medios de comunicación, ante la invasión pública en la libertad religiosa o ante la protección y encubrimiento del terrorismo, ante el abuso de posición dominante de grupos mediáticos públicos y privados que encarecen las cargas financieras públicas y de competidores, y agravan la indefensión informativa, ideológica y política de minorías y de las mayorías minoritarias ... no sería tan grave si todo esto no se hiciera directamente desde el Gobierno; el Gobierno de Rodriguez Zapatero, a su vez, deshilacha la economía con reformas fiscales gravosas, teledirigiendo el ahorro de las familias, gravando retroactivamente ganancias patrimoniales, generando desconfianza exterior y desinversiones, incrementando precios industriales, cancelando inversiones en infraestructura, alterando los mercardos energéticos, evitando programas nucleares, estigmatizando OPA´s extranjeras, rehuyendo reformas económicas apremiantes como introducir la reforma del mercado de trabajo y de la Seguridad Social, lograr cierta desregulación en sectores no competitivos, pagar la ley de dependencia, establecer el gasóleo profesional, introducir un IVA/ITPO inmobiliario finalista, modificar procesalmente los arrendamientos urbanos y aprobar un estatuto fiscal sobre la vivienda habitual, exclusiva y permanente, introducir el cheque escolar, becas al mérito y productos financieros de ahorro educativos, financiar a los municipios, bajar el impuesto de sociedades ...
El PRISOE simplemente hipoteca el Estado por estrategia partidista, pretende la cronificación de la servidumbre psicológica y económica sobre las masas aturdidas y confusas, acudiendo raudo al graznido tributario del nacionalismo, método que refuerza sus privilegios estamentales, destruyendo la unidad de mercado y dejando la economía española sin otra política económica que el pillaje de la autarquía nacionalista, consolidada en aunténtico fascismo estamental o gobierno de una minoría privilegiada. Acogiéndose a un grandilocuente y falsamente bautizado como "federalismo fiscal", como ha sido llamado y adoptado por la prensa del Movimiento enferma de hiperlegitimación y sosteniendo su supremacía política, suplantando a su socio por otro, desviste a uno santo para vestir a otro, ejecuta una vil farsa táctica para no perder votos librándose del lastre de la Esquerra, y ganar tiempo mientras se hipoteca desertando de ejercer cualquier cosa que pueda llamarse Gobierno de la Administración General del Estado. Vuelven al status quo original con el patriciado de arrebatacapas del nacionalismo más corrupto todavía: CIU. El hambre y las ganas de comer.
Título II.
La extensión del críptico sistema de financiación pactado bilateral y políticamente con la oposición política del Parlamento de Cataluña a todas las CCAA de régimen común o insertas en la LOFCA implica - simplemente analizando los tramos tributarios comprometidos y las transferencias, presuntamente afectas y no compensatorias, atadas al PIB- que la Administración General del Estado renuncia al músculo financiero bastante en Presupuestos Generales del Estado para seguir siendo Estado, y se convierte en una entidad que:
- no tendrá margen ni capacidad de incrementación o adaptación presupuestaria para hacer políticas fiscales ni sociales ni económicas ni de inversión sólidas; tendrá dificultades para financiar sus propios servicios, y ello implicará emisión de deuda más pesada y más cara, déficit presupuestario y subidas de impuestos para su sostenibilidad financiera, a la par que una nueva sustracción bestial de funcionariado generando ineficiencia y estancamiento de la actividad burocrática;
- la AGE y el Congreso quedan como simple autoridad de ingresos controlando, con sólo el 33% (aprox) de los gastos públicos, la práctica totalidad de la presión fiscal; ello llevará aparejada la lógica presión política de las Autonomías para asumir responsabilidades en la fijación tributaria perdiendo las Cortes más flexibilidad activa sobre el sistema fiscal ya que: ante una asignación de gasto distinta, una regulación distinta, unos precios distintos y ciclos políticos y demandas sociales distintas, implicarán que la política fiscal o tributaria única lastre más la equidad en un sistema con nula capacidad de redistribución presupuestaria o capacidad centralizada de asignación equitativa. Por ello se generarán distorsiones en la competencia ya que las expresiones de equivalencia impositiva no llevarán aparejada una equivalencia en la calidad de los servicios prestados, ni en precios, ni inflación, ni la redistribución interpersonal de la renta sea eficiente, situación que el fondo de suficiencia no remediará en términos fiscales o tributarios, eso sin contar con los márgenes de corresponsabidad fiscal.
- el Tesoro, y los PPGGE, estarán hipotecados por la Deuda Pública que deberá colocar con más riesgo - asimismo se estimará un crecimiento del déficit público, con la consiguiente subida del interbancario y crecimiento escalonado de tipos de interés en la eurozona como se prevé - deberá subirse entonces la presión fiscal efectiva para financiar sus servicios y garantizar los artículos 40, 131 y 158.2 de la Constitución sin apoyo de la UE finalizado el periodo en 2013 para no lastrar más todavía el presupuesto con el incremento del coste de la deuda, ya que con el fondo de suficiencia reventará allá por 2014 si los tipos han repuntado como lo harán. Otra crisis petrolera en un marco monetario con unos tipos altos, el déficit de balanza comercial presente y con esta presión fiscal/política económica presupuestaria que ataca a la inflación, dejaría a España con tasas crecientes de paro, inflación desaforada y con fuertes tensiones sociales en pensionistas, inmigrantes, parados, agricultores, transportistas, jóvenes no titulados o recién titulados ... y sectores desprotegidos en términos de competencia y capacidad de provisión competitiva de bienes y servicios
- los ingresos de las entidades locales serán difícilmente mejorados y los procesos de implicación administrativa de las entidades locales quedará a expensas de las autonomías; la autonomía política y financiera local pierde expectativas, tal vez por décadas, a salvo se incremente aquí presión fiscal sobre tasas e impuestos reales; serán orillados los intereses técnicos y financieros de los Municipios en el desarrollo del modelo de Estado de forma clamorosa e incontestable, a la par que los Municipios serán objeto de presión política desde los grandes partidos, así la posibilidad de que se dignifique la democracia y costes municipales será nula y la autonomia local será la propia de la hierocracia facciosa que lo gobierne; resultado: más corrupción e indefensión, impunidad y favoritismos.
- ni Congreso ni Mineco ni las CCAA, ni nadie, tendrá margen regulatorio para equilibrar la asignación de gasto público autonómico a criterios de equidad, suficiencia y equivalencia en sus presupuestos por materias, en subvenciones, retribuciones o expansión del gasto en funcionariado de todas las CCAA, etc etc; la autonomía financiera devendrá en un monstruo incontrolable en términos de crecimiento del gasto público e instaurará un monopsonio (casi comprador único, agente con mayor potencia económica con capacidad para imponerse en el mercado de trabajo y de los factores); ello será agravado por colgajos de la propuesta original del Estatuto salido del Parlamento de Cataluña que establece:
A. Un control político de las Cajas de Ahorro. La Generalitat pretende reservarse el derecho a la aplicación de los fondos excedentarios y sociales de las Cajas de ahorro, además de su regulación. En puridad ello implica tratar tales entidades como patrimonio de la Generalitat, por ende, de los políticos de Cataluña, y anular totalmente la capacidad del Estado de incidir en su regulación, e impidiendo a los impositores velar por los principios fundacionales y por su propia política de fidelización, así como la restricción objetiva de obra social de las Cajas catalanas fuera del marco territorial de Cataluña si así lo deciden sus órganos representativos.
B. Marco laboral particular de Cataluña, hecho que alcanza tanto a las profesiones tituladas por la usurpación de las concretas competencias de acreditación y reconocimiento y convalidación de títulos, como a la definición de un marco de extranjería particular de Cataluña motivado por la potestad para el establecimiento de cupos de contigentes y la emisión de los permisos de trabajo y de empresa. A su vez no hay que dejar de mencionar una Inspección de Trabajo propia en manos de la Generalitat que agravará más si cabe los privilegios y presiones al empresariado no alineado, derivando el esquema laboral catalán en un modelo inédito en la Europa comunitaria que pretende la cogestión de empresas privadas, agravando el intervencionismo sobre el sector privado, la presión fiscal, las trabas regulatorias y las fronteras burocráticas al empresariado.
C. El engendro inflacionario y marxista de la "renta garantizada de ciudadania", que bien podría llamarse pan y circo para la plebe. Un arbitrio pura y esencialmente demagógico que implicará el agravamiento del escancamiento de la provisión de capital humano o capital trabajo, que se verá agravado por: 1) educación de mala calidad que va en contra de las principales y más básicas cautelas pedagógicas. 2). trabas regulatorias en las relaciones laborales. 3). excesiva oferta de trabajo en el funcionariado. 4) atracción de inmigrantes y aprovechados a Cataluña por miles en busca del maná de la Generalitat, maná que pronto se quedará escaso dado el repunte lógico de la inflación si se aplica semejante medida.
* A largo plazo todos estos factores derivarán de forma objetiva en: 1. Miedo a la globalización y tendencia proteccionista. 2. Demagogia economicista de corte intervencionista. 3. Ataduras y coacciones contra las deslocalizaciones e inversiones y atenazamiento de la flexibilidad laboral por extenderse tales temores a la globalización a la órbita sindical. 3. Ilusión politicista de que el gasto público y la teledirección política del sector privado sacará a la economia catalana del estancamiento. 4. Pérdida de factores de dinamización o cuanto menos de su incidencia.
- la eficiencia recaudatoria e inspectora de la AEAT quedará seriamente dañada sin remedio y su dinámica será decadente hasta desaparecer; el mejor y más eficiente servicio de la AGE se hipoteca a Agencias pensadas por el fascismo estamental para cubrir fiscalmente a sus clientelas: la pérdida de cohesión y orden en la obtención y gestión de datos, la filtraciones y discrecionalidades y las preferencias sociales del nacionalismo se expresan en la voluntad de tener antes una Agencia tributaria que un sistema fiscal, surrealista pretensión que trasluce la voluntad de que ciertos contribuyentes puedan ser beneficiados por su proximidad a la facción gobernante. Eso es lo que quieren los políticos catalanes: destruir lo eficiente que no pueden controlar para asegurarse un margen de ineficiencia en su periferia medral y prevalida.
Por último, las cifras:
Primero: impuestos cedidos: el acuerdo con entre PSOE e CIU significa que cerca 21.000 millones de euros más de recaudación para Cataluña respecto de IRPF, IVA e IIEE. Esas transferencias se pueden pagar directamente o cargarlas al Fondo de Suficiencia, que en 2005 alcanzaba un total de 26.941 millones de euros. Cataluña sola se comerá pues el Fondo de Suficiencia en los términos en los que esta previsto.
Segundo: A la Comunidad Autñónoma de Cataluña se le garantiza que la inversión pública desde Presupuestos Generales del Estado será equivalente al peso económico de Cataluña en el PIB de España (el 18’5% del PIB), lo cual implica a la par que una formula harto confusa y tramposa, una destrucción total de la política de infraestructuras o de inversión nacional; con esta fórmula el Presupuesto General del Estado quedará divido en 19 piezas afecta al PIB para inversiones reales.
Tercero: a Cataluña se le reconoce una "deuda histórica" de alrededor de 3.000 millones de euros, que se concretarán en inversiones durante los próximos siete años; cabe mencionar aquí que el volumen financiero que recibirá España de la Unión Europea en estos siete años es de 6500 millones, ergo más del 40% de los ingresos recibidos por España serán - en caso de conceder en la LOFCA a que todas las Comunidades Autónomas de régimen común un régimen igual al catalán - Cataluña se llevará más del 40% de los ingresos adicionales del Estado, cuando sólo representa el 18,5% de la economia española, a la par que es una de la regiones más "ricas" y con menos razones para realizar transferencias compensatorias desde las relaciones financieras comunitarias.
Título III.
Así debe saberse que convertida la Autonomía en la entidad monopsónica sobre el gasto público, estas serán las verdades económicas de su tenor político, principadas en la máxima empírica que reza que si a un político le das X€ se gastará X+1. Habrá pues más gasto público y más deuda pública autonómica cara y mal colocada (cajas y demás) en las CCAA más modestas. Más distorsiones en la presión/asignación fiscal. Cuanto más dinero más poderoso, más hegemónico y más difícil de fiscalizar y de someter a la legalidad resulta el poder político. Cuánto más poderoso más poderosa se vuelve su periferia gremial, y a su vera aquéllos con capacidad para comprometer o ser comprometidos: el sector financiero, los caciques mediáticos y los sectores tomados por la corrupción transversalizada o aceptada por las distintas castas estamentales. El poder ejecutivo estará más concentrado y tendrá márgenes más amplios de discrecionalidad política y financiera, así como de impunidad; la intromisión y territorialización gestora del Poder Judicial, la evasión de los órganos constitucionales o del poder de garantía de constitucionalidad y la ausencia de políticas legislativas y económicas conjuntas hará que la gestión financiera de las Comunidades Autónomas sea un coto cerrado económicamente que tendrá la necesidad de devenir Estado fiscal y crear una política económica y una legalidad financiera y tributaria unitaria: y es que al largo plazo las diferencias se agravarán y tanto Comunidad como Estado se harán inviables financiera y tributariamente, una gastando y la otra decidiendo cuánto se gasta pero no cómo, ello arreciará los conflictos al corto plazo; ese proceso se acelerará en las Comunidades "ricas", que pasarán primero por hacer dentro de los márgenes de corresponsabilidad fiscal una presión financiera de origen principalmente populista y electoralista.
A su vez más gasto presupuestado y más servicios implica una expansión de los costes del funcionariado. Y por último, más peso político-financiero en las Comunidades Autónomas llevará a una relativización de los intereses del conjunto nacional desde las estructuras partidistas que ambicionen controlar éstas.
Título IV.
- Se gobernará generando asignaciones desiguales de gasto en 17 "conventos físicos" en políticas sociales, políticas que entroncan con las políticas de capital humano [únicos medios de autodefensa en un mundo globalizado para mejorar la provisión de capital trabajo especializado, ampliar horizontes comerciales, profesionales e incrementar productividad, proteger al desprotegido por el mercado ...]. Educación, justicia, sanidad, trabajo ... tendrán niveles de provisión y asignación distintas y tanto o más deficitarias que ahora, amén de las distintas autoridades legislativas y fiscalizadoras. Ello implicará pérdida de posiciones competitivas dentro de la Unión Europea, agravadas por el déficit de balanza de pagos y la sucesiva pérdida de PIB por la reducción de apoyo financiero desde Bruselas, la inflación más alta a la tasa media europea, los costes encubiertos provocados por el incremento y envejecimiento de la población que se reflejan en la insuficiente oferta interna y productividad y en la dependencia del fondo de suficiencia en educación y sanidad, añadiendo el negro horizonte de la inmigración y de las desigualdades sociales en un mercado de trabajo que abusa de generar empleo barato, temporal y en sectores propios del crecimiento en economias en vías de desarrollo, sin capacidad de la oferta interna para proveer bienes de equipo, tecnología competitiva e I+D+ i, y sin política de extranjería sostenible que ataca a la flexibilidad en la especialización, con las familias hipotecadas hasta las cejas y la demanda disparada por tal efecto. Si ello se paga con paro, sufrirán las pensiones y reventará el mercado hipotecario e inmobiliario: resultado: familias pagando, con dinero que no tienen, bienes a 3 que valen 2, con el consiguiente retorno de capital inmobiliario a estratos de alta capacidad adquisitiva.
Ocurrirá, además de más inflación en las CCAA más dinámicas provocada por el incremento del gasto público que por razón de la naturaleza de los tributos cedidos aquellas comunidades de contribuyentes domiciliados con más renta y consumo:
a. financiarán mejor sus servicios y discrecionalidades.
b. dispondrán de mejor margen competitivo fiscal para bajar IP, ISD, IRPF y otros tributos cedidos con corresponsabilidad legislativa, asumiendo el coste con facilidad por efectos meros de la solvencia financiera y no dentro de políticas armónicas sobre precios o medidas económicas concertadas y neutras en la unidad de mercado buscando la redistribución personal y la asignación equitativa; las Comunidades "ricas" podrán hacer populismo fiscal, con mayor intensidad que ahora, y las pobres gravar más al contribuyente para alcanzar una equivalencia (aquí perderán fundamentalmente las zonas con alta dispersión geográfica y mucho territorio: Castillas, Extremadura, Aragón, Galicia y Andalucia).
c. Las que tengan un sector privado más dinámico (PIB) se verán beneficiadas con más inversiones de Presupuestos por razón del PIB, pero este dinamismo económico se verá lastrado por la entidad pública monopsónica que: 1) carecerá de margen de corresponsabilidad en sociedades, 2) encerrará la expansión del sector privado. Por ende, mediterráneo y Madrid se verán beneficiados, mientras que Galicia, Aragón, cantábrico, las mesetas y el sur se verán perjudicados; en estas últimas áreas créditos, deuda y déficit, subidas de impuestos y estrecheces presupuestarias se verán en aumento agravadas y con ello sus necesidades financieras a la par que sus ingresos no se incrementarán; estas CCAA no podrán sacrificar ingresos en corresponsabilidad fiscal para ser más competitivas, ciertos servicios o niveles de asignación estarán por encima de la capacidad de financiación real por razón del esfuerzo fiscal, produciéndose fugas de flujo financiero y soportando todos los contribuyentes una presión adicional para financiar la ineficiencia económica de estas CCAA que además perderán riqueza al medio plazo, aún aumenten su recaudación al corto plazo. Esto se verá agravado por:
1º. El crecimiento de los precios industriales: crecimiento del precio del crudo, de precios en mercados tarifados y monopolios y sectores regulados en manos de clientelas o mercantiles semipúblicas (ejemplo Montilla y sus amigos) atrofiarán incluso las economias más solventes y con más competencia, y lastrarán más todavía las modestas.
2º. Baja capitalización en los territorios donde infraestructuras, servicios y políticas sociales estén peor financiados, y desplazamiento por competitividad fiscal de empresas, personas físicas e inversión extranjera, empeorando más si cabe la balanza por cuenta corriente de CCAA de interior y amortiguando el crecimiento y la oferta interna en estos territorios, a pesar del fondo de suficiencia o compensación interterritorial que pudiera arbitrarse que pesará sobre las clases medias de los territorios más potentes, colectivos que estarán subjetivamente lastrados por la presión fiscal, a su vez pueden estar peor gravados que clases medias de territorios receptores de ingresos no generados en su área autonómica por el efecto del diferencial de precios de su Comunidad.
3º. Estancamiento cultural de colectivos en Meditérraneo; la movilidad quedará parcialmente restringida por trabas socio-civiles que tienden a agravarse (lengua, educación, trabajo, funcionariado ...) entre nacionales, pero las condiciones económicas atraerán más trabajadores con cierta flexibilidad en la radicación como extranjeros con facilidad para votar con los pies. Por ello la provisión del mercado/oferta de trabajo o empleo será menos competitiva en el sector público y se sobredimensionará en ciertos sectores privados, a ello habrá que sumarle otros dos factores: la fuga de trabajadores locales al sector público y la inflación por el incremento del gasto público lastrarán la competitividad de la economías más dinámicas y donde mejor financiadas estén sus instituciones, que tendrán más funcionarios y peor provisión de trabajadores especializados compatibles con el sector privado. Resultado: pérdida de eficiencia en la provisión de trabajo y pérdida de calidad media capital humano y de capacidad adquisitiva de salarios y pensiones, agravada por la analfabetización acelerada que el sistema educativo y el nacionalismo producen. La inmigración desplazará la demanda agregada pesando sobre la inflación y el gasto público, castigando con crecimiento de la presión fiscal de acuerdo a tipos, y reduciendose el peso real en los sectores y en parámetros de competitividad del ejército industrial de reserva. En el mediterráneo habrá una espiral inflacionaría que recaerá sobre la pérdida de competitividad del turismo, la deslocalización y agravamiento de las tensiones económicas internas.
4º. Estancamiento de horizontes comerciales y empresariales, que manifestándose entre los consumidores en nacionalismos económicos, en las empresas pesará sobre distintas regulaciones y barreras estratégicas encubiertas o psicológicas de tipo político o particularista, agravándose el caldo de cultivo del negocio privado a la sombra de la política autonómica, y la política autonómica tendente a privilegiar la mercantil oriunda, próxima o de clientela. Aquí la sobredimensión financiera y regulatoria de las CCAA generará competitividad subvencional: con un ISS idénticos en todo el territorio, las castas políticas de las autonomías buscarán en regulaciones y subvenciones la competitividad de sus industrias generando desigualdades.
5º. Al largo plazo se dará una obsolencia de las redes de infraestructura estatal devenida por la pérdida de inversión en infraestructuras estatales: ello implicará, especialmente en el interior del país: 1. más gasto energético sobre los consumidores, 2. menor productividad del sector agrícola y del transporte al no poder asumir el Gobierno los compromisos de infraestructuras, y la consiguiente repercusión en precios; 3. la pérdida de maniobrabilidad financiera en capital fijo, infraestructura y redes aeroportuarias, ferroviarias, hidráulicas, energéticas y portuarias se traducirá en pérdida de competitividad de exportaciones, precios alimentarios, turismo, oferta interna y en la internacionalización de sectores clave: la atrofia de la infraestructura que vertebra la unidad de mercado y la pérdida de más margen en la balanza por cuenta corriente serán un hecho al desplomarse nuevamente los hidrocarburos tarde o temprano.
Nota jurídica.
Desde un Estatuto de Autonomía no se pueden condicionar ni los presupuestos generales del Estado 134CE, ni el sistema fiscal del Estado 31/133CE. Una Comunidad por medio de su Estatuto no puede pretender que jurídicamente se condicione la actividad financiera del Estado a su gusto, aún el Estatuto sea norma orgánica. La reserva material de ley contenida en el artículo 157.3 de
- Que un porcentaje de las inversiones del Estado se realizarán en una Comunidad Autónoma por el módulo que sea; ello sería equivalente a que los Presupuestos generales del Estado no pueden aplicar sus fondos a las inversiones o programas que soberanamente decidan allí donde decidan, y que deben invertir o gastar el dinero allí donde le digan los Estatutos de Autonomía. Eso es una tipología confederalista al acabar de un plumazo con la capacidad decisoria del Estado sobre la aplicación del gasto público, y por ende con la soberanía financiera de las Cortes Generales tanto respecto del cuándo invertir, como respecto del cuánto, del cómo y del por qué se invierte. No sería tal arbitrio una “participación en los ingresos del Estado” (157.1ª in fine), sino una “condición a la aplicación de gasto del Estado” (fórmula o instrumento que sólo cabría en
- - Que esa Comunidad Autónoma nunca recibirá menos fondos que la media por habitante del conjunto de las Comunidades Autónomas, o que los índices o estadísticas de renta per cápita (o cualquier otro) de una Comunidad son relevantes a efectos hacendísticos y pesan sobre los Presupuestos Generales del Estado a la hora de realizar asignaciones o pesan sobre las Cortes Generales a la hora de aprobar un sistema de financiación autonómica. Ello implica impedir objetivamente el artículo 40 (distribución de la renta personal y más equitativa) desde la política financiera del Estado, y en concreto, a través de la financiación autonómica, convertir la capacidad decisoria de los Presupuestos en papel mojado.
A vez ¿qué podrían hacer las CCAA si unos Presupuestos Generales incumplen las premisas estatuidas?. ¿qué efectos podría conllevar eso sobre la estabilidad y seguridad jurídico-financiera del principal expediente de la economía del sector público (PPGGdE)?.
Este tipo de cláusulas son inconstitucionales las sostenga Matas para beneficiar su Comunidad Autónoma o las sostengan Mas y Zapatero, Maragall, Touriño o
Y es que desde el nacionalismo y desde los clubes políticos se pretende, nada más y nada menos que, condicionar la actividad financiera del Estado, como si los recursos públicos estuvieran sólo al servicio de
1º. Generar por vías estatutarias una suerte de “impuestos financieros” o condicionantes interpresupuestarios entre presupuestos de distintas entidades territoriales. Presupuestos a distintos niveles administrativos. Estos incumplen media Constitución y la otra media la hacen inviable.
2º. Obtener por medio del eufemismo absurdo e insolidario de “deuda histórica” cantidades adicionales de recurso financiero fuera la lógica unitaria del sistema financiero y presupuestario. Estas “deudas históricas” reconocidas a todas las haciendas autonómicas implicarán un nuevo impuesto al contribuyente, un impuesto que pesaría sobre los Presupuestos Generales del Estado, y que si fuera desigual entre Comunidades y estuviera estatutarizado en unas sí y en otras no implicaría un privilegio económico de libro, no así si viene sustentado en transferencias del Presupuesto General del Estado.
3º. Hacer pivotar todo el sistema financiero del Estado sobre las Haciendas Autonómicas, lo cual va en contra del artículo 31 (“un sistema fiscal” dice el artículo de marras, que no diecisiete sistemillas fiscales hechos a imagen y semejanza de la hierocracia territorial de turno)
4º. Provocar subidas impositivas o bien impedir sus bajadas. La insuficiencia objetiva de los recursos del Estado para asumir sus funciones constitucionales resulta palmaria; la ausencia de responsabilidades sobre la política de ingresos hará que las Comunidades Autónomas sigan siendo deficitarias ya que nadia controla sus gastos corrientes, sus retribuciones, su política subvencional, sus contratos o sus obras públicas.
5º. Crear distorsiones por efecto de la territorialización de la recaudación de tributos que por su naturaleza no deberían ser territorializados, como resulta con el IVA y la política de ingresos sobre rentas.
6º. Arbitrar privilegios que incumplen sistemáticamente el artículo 14, 138.2 y 139 de
Que no haya discriminaciones en la igualdad de oportunidades.
Que los Estatutos de Autonomía no implique privilegios económicos o sociales
Que todos los españoles tengan los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio español.
A la vez no debemos olvidarnos del enorme coste consuntivo que supone todo el derroche de actividad política, administrativa, mediática y hasta de quien escribe, respecto de aquello que siendo constitucional, positivo, eficiente y necesario no hacemos simplemente porque esta generación de político decide ora sí ora también limpiarse las babas que segregan los ceros de la recudación tributaria con la Constitución.
Acabando;
El Estado pierde su músculo financiero y de competencia tanto en políticas de planificación física como sociales. El Sr. Solbes, tipo que ya se cargó económicamente España una vez vuelve a las andadas con su fifty-fifty. El "gurú" renuncia a ejercer una política de estabilización, redistribución, asignación equitativa y cualquier otra de algo que quiera llamarse Hacienda, y eso es un error que pagarán los contribuyentes, y los ciudadanos que le dan un poder sobredimensionado a las Comunidades Autónomas, y a la vez destruyen cualquier posibilidad de realizar una política económica, aún hoy la inmensa mayoría esté hipnotizada por los ceros de las cifras que "su" Comunidad Autónoma "ganará": simplemente capital público cambiando de manos, que es prueba ineludible del triunfo del particularismo y analfabetismo económico inoculado y profesado por décadas desde las política autonómica. El Estado pasa a hipotecarse y a nosotros nos toca pagar.
En 2009, con un ritmo de inflación actual, con la aplicación del sistema financiero del fascismo estamental catalán a todas las CCAA, y con la pérdida escalonada de fondos europeos ... el paro, la escasa inversión exterior y el estancamiento de la construcción dejarán a España en crisis económica. Esperamos que el Ejecutivo en la fecha haya cambiado y haya alguien en el Ministerio de Economia y Hacienda que se preocupe más de los números de la economia que del número de escaños del Congreso. Vayan comprándose una corbata negra porque en esto no hay créditos Montilla que valgan. Si quiere usted forrarse ponga una fábrica de sogas en Tarifa y una de escaleras en Tánger. Y es que seguro que tras las reformas del fascismo estamental las castas políticas que lo componen sacarán tajada, pero ni un sólo contribuyente lo hará.
Es un tema de supervivencia del estado de derecho, de la democracia y del estado de bienestar, es un tema de supervivencia de la sociedad española y de su libertad y apogeo económico oponerse, derrotar y luego destruir sin medias tintas el fascismo estamental de la heteronomia fiscal y su autarquía nacionalista casi teocrática. Mientras un Estado moderno necesita "verdad, libertad y justicia", el Ejecutivo español les ofrece "manipulación, paz y favoritismos", pero nadie escarmienta en cabeza ajena, y tal vez ese rollo de la alianza de civilizaciones acabe por ser la metáfora perfecta de la negligencia histórica de este gobierno: algunos ya no sabemos desde que civilización suscribirá España, o su residuo institucional superviviente, semejante alianza.